Conflicto entre garantías constitucionales del proceso
| Autor | Joan Picó i Junoy |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Procesal Universidad Rovira i Virgili |
| Páginas | 41-58 |
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Ver Nota1
En la vida de cualquier proceso suele ser frecuente que se produzcan conflictos entre diversas garantías constitucionales del proceso: así, por ejemplo, en la prueba ilícita colisionan el derecho a la prueba, de quien aporta el medio probatorio, y el derecho a la intimidad –o cualquier otro fundamental– vulnerado para la obtención de la prueba; y en la petición de suspensión de una vista, juicio o audien-
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cia entran en conflicto el derecho a la defensa de quien pide dicha suspensión y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de la parte contraria.
El ordenamiento jurídico ofrece diversas vías de solución a dichos conflictos: en algunos casos, es el propio texto constitucional quien expresamente nos da la respuesta (así, por ejemplo, los arts. 5.55 de la Constitución brasileña y 29.V de la Constitución colombiana, proscriben el uso de las pruebas ilícitas, optando así por la protección del derecho fundamental vulnerado para obtener la prueba por encima del derecho constitucional a la defensa –o a la prueba en aquellas constituciones en la que se prevé dicha garantía procesal, como la española: art. 24). En otras ocasiones es la ley la que ofrece la solución (así, por ejemplo, en el caso de la suspensión de vistas, audiencias o juicios, legalmente se prevén los motivos que, de darse, deberá procederse a dicha suspensión). Y finalmente, otras veces corresponde directamente al órgano jurisdiccional resolver el concreto conflicto entra garantías constitucionales del proceso (es el caso, por ejemplo, de las intervenciones telefónicas en las que, a pesar de existir una norma constitucional que la prevé y una norma legal que la desarrolla, en todo caso, siempre es exigible el debido razonamiento judicial basado en el principio de proporcionalidad que justifique la limitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones)2.
En este estudio se plantean los problemas –y soluciones– que, en concreto, se producen con la institución de la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia, pues con ella aparece el conflicto entre el derecho al recurso y el derecho a la ejecución: el primero garantiza que toda sentencia pueda ser revisada por un tribunal superior, por lo que mientras no se produzca este segundo grado de enjuiciamiento no debería procederse a la ejecución de la sentencia de primera instancia; y el segundo ampara que toda resolución judicial, en caso de incumplirse, pueda ejecutarse, por lo que al objeto de asegurar la máxima eficacia de este derecho, dicha ejecución no debería retrasarse por el hecho de interponerse un recurso contra la sentencia de primera instancia.
Aquí tenemos ya el conflicto: ¿qué garantía procesal debería prevalecer? Antes de resolver este interrogante vamos a examinar el contenido de ambas garantías.
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La Constitución Española, en su art. 24, no reconoce el derecho al recurso (a la segunda instancia) en el ámbito del proceso civil. Sin embargo, respecto del proceso penal, el Tribunal Constitucional español entiende que se encuentra tácitamente amparado en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, por cuanto, como exige el art. 10.1 CE, los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España; y al respecto, con referencia al proceso penal, el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 establece: «Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley»; y el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, prevé: «8. Garantías Judiciales […]. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho […] h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior».
Por ello, el Tribunal Constitucional español insiste en la idea de que el derecho a la tutela judicial del art. 24.1 C.E sólo garantiza el derecho a acceder a los tribunales y obtener de ellos una resolución fundada en Derecho a las pretensiones formuladas ante los mismos. Pero el derecho al recurso y, en general, al sistema de impugnación, salvo en lo relativo a las sentencias penales condenatorias, no tiene vinculación constitucional. Por tanto, el legislador es libre para determinar su configuración, los supuestos en que procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización3.
Sin embargo, también dentro de este mismo derecho, ha establecido que si bien el legislador es libre de articular recursos o no contra una sentencia, de preverse un determinado recurso en las leyes de enjuiciamiento, el derecho a su utilización, ahora sí, pasa a formar parte del contenido de la tutela judicial
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efectiva4. Y, por esta razón, el recurso legalmente establecido no pueda frustrarse mediante resoluciones judiciales que lo inadmiten sin ningún tipo de motivación o incurriendo en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad, en cuyo caso, al convertir la legalidad tan sólo en una mera apariencia, sí se compromete el art. 24.1 CE5.
Y a nivel de textos internacionales de derechos humanos sucede exactamente lo mismo, esto es, tampoco se garantiza el derecho al recurso en el proceso civil (no así en el proceso penal, como hemos visto). Por ello, no es de extrañar que, al igual que sucede con el TC español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconozca que no existe una garantía fundamental al recurso en el ámbito del proceso civil, si bien, de configurarse legalmente el recurso, el acceso al mismo sí que se encaja dentro del derecho al proceso equitativo del art. 6.1 del Convenio de Roma (Convenio Europeo de Derechos Humanos). Así, por ejemplo, ya en la sentencia del TEDH de 19 de diciembre de 1997 (caso Brualla Gómez de la Torre contra España) estableció:
El Tribunal recuerda que el derecho a los Tribunales, del que el derecho de acceso constituye un aspecto particular, no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas, en especial, en lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad de un recurso, pues, por su propia naturaleza, requiere una regulación por parte del Estado, el cual goza, a este respecto, de libertad de configuración (apartado
33) […]. El Tribunal reafirma que el artículo 6 del Convenio no obliga a los Estados firmantes a crear Tribunales de apelación o de casación […]. Sin embargo, si existenPage 45
dichos Tribunales, deben respetarse las garantías del artículo 6, especialmente, en lo que garantiza al litigante un derecho efectivo de acceso a los Tribunales para las decisiones relativas a sus derechos y obligaciones civiles (apartado 37)
.
En el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su art.
8.2.h, también reconoce el derecho a la segunda instancia limitado al ámbito del proceso penal. Sin embargo, debe reconocerse que hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, si bien se refieren a un proceso penal, hacen formulaciones genéricas que, extrapoladas, podrían ser aplicadas a cualquier tipo de proceso jurisdiccional. Así, por ejemplo, su sentencia de 23 de noviembre de 2012 (caso Mohamed vs. Argentina) afirma:
[…] 97. El Tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica6[…].
98. El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona7.
99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz8. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada9. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido10.
Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho11. En ese sentido, la Corte estima
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que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente
12.
Al igual que sucede con el derecho al recurso, el referente a la ejecución de las sentencias definitivas tampoco aparece expresamente reconocido en el art. 24 de la Constitución Española. Sin embargo, el TC español ha declarado en reiteradas ocasiones que el derecho a la tutela judicial efectiva exige también que el fallo judicial se cumpla en sus propios términos, pues sólo de esta manera el Derecho reconocido en el proceso se hace real y efectivo, garantizándose así el pleno respeto a la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente13. De lo contrario,
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las resoluciones judiciales se convertirían en meras declaraciones de intenciones14, relegándose la efectividad de la tutela judicial a la voluntad caprichosa de la parte condenada. Por ello, ante la falta de cumplimiento voluntario de un determinado fallo judicial procede su imposición forzosa a la parte vencida15. Y esta...
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