Ciudadanía e identidad religiosa en el estado constitucional
| Autor | José Martínez de Pisón |
| Cargo del Autor | Universidad de La Rioja |
| Páginas | 243-261 |
CIUDADANÍA E IDENTIDAD RELIGIOSA EN EL ESTADO
CONSTITUCIONAL
José Martínez de Pisón
Universidad de La Rioja
1. LA TENSIÓN ENTRE CIUDADANÍA E IDENTIDAD
Es un tópico muy habitual afirmar que determinados conceptos relacio-
nados con la reflexión sobre la política, el derecho y la moral son controver-
tidos, polisémicos o ambiguos. No por ello, su mera reiteración es síntoma
de que tal afirmación no deba ser menos cierta. Más bien, al contrario. Y es
así puesto que estas disciplinas no son ramas del conocimiento de las que
pueda predicarse la exactitud y la certeza; el objeto de las mismas es siempre
materia de debate y controversia. Más aún, en este inicio de siglo, en el que
parece predominar una cierta inestabilidad en las categorías fundamentales
sobre las que se asentaba el sistema de convivencia en el mundo desarrolla-
do. Que esto suceda de esta manera, es hasta positivo y fructífero, y no quie-
re decir sino que, probablemente, estemos siendo testigos de un cambio de
paradigma y que, como tal, precisa de una mayor atención a los procesos
sociales vigentes y una especial reflexión sobre el significado de los concep-
tos y sobre la viabilidad de nuestras teorías.
Algo de todo esto sucede con los dos conceptos que abren este trabajo:
«ciudadanía» e «identidad». Si algo cabe afirmar de ambos, es que, hasta
hace poco tiempo, ni los politólogos, ni los iusfilósofos les prestaban dema-
siada atención. El concepto de «ciudadanía» no era objeto de discusión
desde que T. H. Marshall jalonara su evolución histórica y consagrara la
llamada «ciudadanía social». El éxito del Estado social, especialmente, en
su versión de Estado del bienestar, garantizaban la validez de la construc-
ción sobre esta versión de la ciudadanía. Por su parte, la cuestión de la
«identidad» y el replanteamiento de la misma y su relación con el individuo
ha sido durante bastante tiempo sin más silenciado por la filosofía política
en aras de un modelo tipo de ciudadano. Desde hace tiempo, sin embargo,
la «identidad» o las «identidades» han cobrado fuerza de la mano de las
reivindicaciones de determinadas minorías y, en la actualidad, focaliza bue-
na parte del debate público en las sociedades desarrolladas. Al mismo tiem-
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po, y por efecto de diferentes factores, el concepto de ciudadanía está sien-
do objeto de un fuerte cuestionamiento y de una sólida reflexión sobre
otras versiones que respondan a la realidad de los procesos económicos,
sociales y políticos de la sociedad global. No parece exagerado afirmar que
existe una estrecha relación entre ambos cuestionamientos, el de la ciuda-
danía y el de la identidad, al tiempo que también se replantean otras cate-
gorías jurídico-políticas como el de los derechos fundamentales, el Estado
constitucional o la democracia misma.
Como se ha puesto de manifiesto en numerosos trabajos, el concepto de
ciudadanía ha estado siempre relacionado, con las «dinámicas de pertenen-
cia» que se han producido desde la emergencia del Estado-nación (Martínez
de Pisón en Bernuz Beneitez y Susín Betrán 2003: 75). T. H. Marshall, quien
estableciera la versión canónica del término objeto de discusión, concibió la
definición de «ciudadanía» como «aquel estatus que se concede a los miem-
bros de pleno derecho de una comunidad» (Marshall y Bottomore 1998: 37).
Son varios los aspectos que se infieren de esta definición de la ciudadanía
como estatus. De todos ellos, al menos dos son relevantes para su relación
con la cuestión de la «identidad». Por un lado, que ciudadanía se identifica
claramente con la idea de pertenencia a una comunidad política y, en conse-
cuencia, a la relación de un individuo con el Estado en tanto que estructura
política en torno a la que se organiza esa comunidad. Este aspecto, como es
bien sabido, plantea, sin embargo, no pocos problemas cuando se analiza a
la luz de algunos importantes fenómenos sociales, como, por ejemplo, el de
la inmigración. Por otro, la ciudadanía como estatus significa el reconoci-
miento de un esquema de derechos y libertades fundamentales de manera
que quien pertenece a una comunidad, quien es ciudadano, en suma, es,
además, titular de ese esquema de derechos y libertades fundamentales. Un
esquema que, desde la emergencia del Estado liberal, ha ido evolucionando
progresivamente incluyendo las reivindicaciones de las diferentes generacio-
nes de derechos.
Por todo ello, el concepto de «ciudadanía, en su complejidad, se ve atra-
vesado por dinámicas de pertenencia, pero también de exclusión» (Bernuz
Beneitez y Susín Betrán 2003: 19). De hecho, el estudio de T. H. Marshall no
es más que una reconstrucción del desarrollo histórico de los conflictos ori-
ginados por aquellos grupos que luchaban por conquistar la pertenencia o
membresía en una comunidad política. El avance en el estatus de ciudadano
conllevaba la conquista también de un nuevo conjunto de derechos y liberta-
des que venían a engrosar el catálogo de la ciudadanía. Es así que el ámbito
de la ciudadanía fue ampliándose por efecto de la presión de los excluidos
cuando éstos no pertenecían inicialmente a la burguesía censitaria, fue
ampliándose a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los discapaci-
tados, etc. La ciudadanía social de T. H. Marshall parecía constituir el colo-
fón de esta expansión una vez que plasmaba las reivindicaciones de igualdad
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