Calidad de la democracia y participación en América Latina
| Autor | María Susana Bonetto/María Teresa Pinero |
| Páginas | 155-181 |
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La teoría de la democracia que tuvo una fuerte expansión desde mediados del siglo XX se orientó a debates más anclados en un marco procedimental o referido a los contenidos socioeconómicos de la misma, pero coincidentes en pensar más este régimen como gobierno de los políticos, de los dirigentes, que como gobiernos del pueblo con fuerte participación ciudadana.
Según el modelo schumpeteriano (Schumpeter 1947), la democracia sólo se hace efectiva de forma amplia en las sociedades desarrolladas y el ejercicio del gobierno debía delegarse a políticos profesionales y tecnócratas. La participación ciudadana quedaba relegada al mero acto electoral. Esta descripción de la democracia parecía y aun parece ajustarse a su más extendido funcionamiento, más que como gobierno del pueblo como gobierno de los políticos que viven para y de la política.
Otros enfoques contemporáneos al de Schumpeter, los pluralistas cuyo máximo exponente fue Robert Dahl (1985), si bien coinciden en la prevalencia de los dirigentes en la adopción de decisiones, entienden que los ciudadanos comunes ejercen un grado de control admisiblemente alto sobre los líderes políticos. También consideran importante que las condiciones sociales de la democracia (cierto nivel de satisfacción de necesidades materiales y educación) la tornen viable. Se requiere para esto, asimismo, un cierto consenso en la sociedad en torno a los valores que legitiman la democracia.
Por otra parte y desde una perspectiva diferente, Marshall (1949) -en las conferencias sobre la ciudadanía dictadas en la Universidad de Cambridge en 1949- propone una democracia que permita el ejercicio multidi-Page 156mensional de la ciudadanía en tres niveles; civil, político y social, dotando de anclaje institucional concretos a los derechos humanos, sosteniendo que su realización exige la presencia de determinadas condiciones materiales.
Marshall, al centrase en el concepto de ciudadanía da cuenta de que la adquisición de esos derechos surge de las demandas y las luchas de la ciudadanía frente al Estado, quien se ve obligado a asumir el papel de garante para hacer viables esos derechos.
Estos enfoques de la democracia y la ciudadanía, hegemónicos desde la década del 40 a los 70, si bien evidencian posiciones diferentes, coinciden en general en que el funcionamiento de la democracia se vinculaba más a la buena perfomance de los gobernantes. Aunque, por supuesto, la posición más extrema sea la de Schumpeter y aumente la relevancia de la ciudadanía en Dahl y Marshall, ésta hace efectiva su intervención fundamentalmente a partir de la generación de demandas y el ejercicio del control sobre la acción del gobierno en cuanto al cumplimiento por parte de éste de la protección de los derechos ciudadanos, más que a través de participación en la gestión pública.
En los debates actuales de la teoría de la democracia, se presentan como cuestiones centrales problemas tales como la determinación autónoma de las condiciones de la asociación colectiva (Held 1992), la existencia de un espacio público político-deliberativo de ciudadanos generador de poder legítimo (Habermas 1998) o la democracia como expresión efectiva del gobierno del pueblo (Nun 2001). En todos estos debates teóricos se propone el fortalecimiento de la participación ciudadana y la ampliación de la agenda de discusión pública como ejes centrales de la «democratización de la democracia». Sin embargo, no abordan con igual énfasis y relevancia la problemática de las condiciones sociales de la democracia.
En el marco descrito, las distintas formas de participación ciudadana son entendidas como posibilitadoras de una democratización de la sociedad, en tanto se refiere al proceso de incorporación de nuevos actores a la vida social y a sus beneficios. En ese marco, la acción colectiva como forma de participación es parte incuestionable de la democratización, en tanto fomenta la ampliación de la ciudadanía a través de la politización de la sociedad civil.
Así, hay corrientes teóricas que centran la discusión de la democratización más allá de la profundización de la participación institucional de los ciudadanos, en tanto democratizar implicaría básicamente la posibilidad de transformar las instituciones y reconstruir y resigniñcar losPage 157 valores culturales que las sustentan y que aún subsisten en la forma de enclaves autoritarios (Di Marco et al 2004). Este concepto apunta a las desigualdades de poder y de recursos existentes en las instituciones públicas o privadas y a desvelar en qué medida los mecanismos participativos facilitan la incorporación a la ciudadanía de actores desplazados, tanto en virtud de su género, religión, etnia, clase social, etc.
Giddens (1992) afirma que una perspectiva de democratización es la que tiene como eje el combate del poder e intenta convertirlo en relaciones negociadas tanto si son entre iguales como si son de autoridad diferencial. «Los procesos de democratización social redefinen la distribución de los saberes y recursos de un colectivo social, a través de la revisión de los supuestos que sustentan las bases de la autoridad y los procesos que permiten la explicitación de la desigualdad para los actores marginados o subordinados» (Di Marco et al 2004, p. 13).
Las formas de acción colectiva se inscriben en una profundización de las prácticas democráticas, multiplicando los espacios en los que las relaciones de poder están abiertas a la contestación democrática (Mouffe 1999). Así, la democratización de la democracia se produce cuando los movimientos sociales abren el espacio para el diálogo público en relación con los problemas instalando nuevas demandas por derechos, politizándolos y exponiéndolos en sus interdependencias complejas.
Melucci (Di Marco et al 2004, p. 14) concluyentemente sostiene que «una condición necesaria de la democracia es la constitución de espacios públicos independientes de las instituciones gubernamentales, el sistema partidario y las estructuras estatales. Estos espacios son por definición, un sistema móvil de instancias que se mantienen abiertas sólo gracias a la confrontación creativa entre la acción colectiva y las instituciones. En la medida en que los espacios públicos son un sector entre los ámbitos de poder político y de toma de decisiones, y las tramas de la vida cotidiana son estructuralmente ambivalentes, expresan el doble significado de los términos representación y participación. La representación implica la posibilidad de presentar intereses y demandas; pero también implica seguir siendo diferente y nunca ser completamente oído».
En los análisis teóricos latinoamericanos, esta relevante tematización vinculada a la ciudadanía y la participación, ha suscitado destacados aná-Page 158lisis críticos referidos a la necesidad de plantear el entrelazamiento emergente de los últimos procesos de democratización en la región, de democracia y desigualdad (Strasser 1999) con el aumento de la pobreza y la desigualdad social (Delich 2002). Luego de un inicial retraimiento del pensamiento crítico que relegó a un segundo plano la articulación de la democracia con desarrollo humano y derechos sociales, la agenda regional ha focalizado su análisis en la calidad de la democracia (O'Donnell et al 2002), requiriendo para su efectiva vigencia la emergencia de la agencia ciudadana, con ciudadanos autónomos y con capacidad de incidir en la gestión y el control de la agenda pública. Pero a su vez vincula estas posibilidades a las condiciones socio-económicas que favorecen o no su autonomía y la adquisición de sus capacidades (Iazzetta 2002).
Desde los inicios de la democratización en Latinoamérica se evidencia un ciclo políticamente incluyente y socialmente excluyeme, construido en un escenario de expansión de las políticas neoliberales generadas a partir del Consenso de Washington y el modelo de modernización vía internacionalización (Przeworski 1998) impuesto en la región.
Si en los inicios de la transición se planteó la idea de la democracia como gobierno del pueblo, ésta fue reemplazada, primero por las presiones militares para evitar el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, y luego la implantación de un discurso hegemónico neoliberal se dedicó a sustituir esa idea del imaginario colectivo poniendo énfasis «en una única alternativa económica posible» y con su falaz promesa de logros materiales crecientes y abundantes (la teoría del derrame).
Incluso los marcos mínimos de una democracia representativa resultaron muy estrechos en tanto los gobiernos debieron negociar continuamente con los grandes grupos económicos, especialmente extranjeros, en un contexto de separación de política y economía, con una clara hegemonía de ésta última conforme a los cánones del neoliberalismo (Num 2001).
De acuerdo a este supuesto «inviolable» de la economía, los gobiernos estuvieron obligados a darle una prioridad absoluta al pago de sus enormes deudas externas y a acatar las indicaciones (y los condicionantes) del FMI y del Banco Mundial independientemente de cualquier compromiso que hubieren asumido con los votantes, y aún de las necesidades más urgentes de éstos.
Por eso, la democracia representativa planteada en las primeras épocas de la transición como gobierno del pueblo no sólo se transformó enPage 159 gobierno de los políticos, sino de políticos que, en general, y bajo pretextos de la globalización o del temor de fuga de capitales y para atraer inversiones, aceptaron sumisamente los pesados...
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