Justicia constitucional en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientales

AutorAriel Pérez Castellón
CargoProfesor de Derecho ambiental y Derecho de hidrocarburos Universidad Simón I. Patiño
Páginas1-47

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I Introducción

En los 30 años de democracia en Bolivia, desde su recuperación en 1982, los pueblos indígenas del país han luchado –y luchan todavía- por la visibilización de su existencia e identidad cultural, por el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales. En los años recientes han existido avances importantes en cuanto al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la Constitución de 2009, y muchas de las demandas actuales de los pueblos indígenas buscan que el Estado sea consecuente, en su visión de desarrollo y en la implementación de las políticas públicas del día a día, con los derechos e instituciones que ha reconocido la nueva Constitución1.

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Los repertorios de incidencia de los pueblos indígenas para la exigencia de sus derechos han pasado, en muchos casos, por la movilización y las acciones directas2. Ello, ante un déficit estatal e institucional que en muy raras ocasiones ha tenido la idoneidad para responder de modo oportuno y coherente a las demandas de las organizaciones indígenas.3Un resultado de estas debilidades e inconsistencias en la gestión estatal se ha manifestado en un número creciente y cada vez más complejo de conflictos vinculados al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que en una parte significativa tienen que ver con la exigencia y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y dentro de ellos, con el acceso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.4

En este contexto, la Justicia Constitucional, lejana a su mandato y razón de ser, con pocas excepciones ha jugado un rol pobre en la tutela de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.5No obstante ello, en este trabajo partimos de la hipótesis de que la Justicia Constitucional está llamada a jugar en los próximos años un papel importante en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, y la resolución por vías institucionales de los conflictos entre el Estado/particulares y los pueblos indígenas. Consideramos que contribuirán a este cambio de rol de la Justicia Constitucional (JC), entre otros factores, los niveles incrementales de rendición de cuentas de la JC, así como, el escrutinio y seguimiento de una sociedad civil más informada y empoderada

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en torno a las actuaciones de la Justicia Constitucional, y en su caso, la interpelación a la JC en relación al cumplimiento de sus mandatos institucionales.

Con este trabajo, se quiere contribuir al análisis sobre el funcionamiento de la Justicia Constitucional en una primera etapa de su trabajo (de 1999 a 2011), en relación a la tutela de los derechos indígenas, y asimismo, reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la Justicia Constitucional en esta materia a la luz de la nueva Constitución Política del Estado de febrero de 2009.

En este sentido, en este documento se empezará por revisar las características de los conflictos de los pueblos indígenas en los últimos años; así como, los repertorios de incidencia empleados por las organizaciones para la exigencia de sus derechos y las formas en las que se han resuelto tales conflictos. En un segundo momento del trabajo, se analizará el rol que ha jugado la Justicia Constitucional en Bolivia en cuanto a la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en la década del 2000, señalando sus fortalezas y debilidades. En el siguiente acápite, se abordará la naturaleza y características principales de la Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009, analizando de modo especial las nuevas acciones de tutela de derechos que ha introducido la nueva Constitución, centralmente la Acción Popular, y su pertinencia para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas. En este acápite, también se realizará un breve análisis sobre las primeras acciones populares interpuestas en el país para la tutela de derechos colectivos (v.g. derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales).

En la parte final del documento, se plantean algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar el rol de la Justicia Constitucional en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas.

II Contexto socio-económico y político de Bolivia

Desde la segunda mitad de los 80s hasta inicios del 2000, dominó en la política y economía bolivianas el modelo neoliberal, de repliegue del Estado en sus funciones sociales y económicas, y la baja participación e incidencia social en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.6Este sistema político fue

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interpelado y debilitado con los movimientos y protestas sociales de inicios de 2000 (principalmente por las denominadas “Guerra del Agua” y “Guerra del Gas”7), la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada –como consecuencia directa de la Guerra del Gas-8, y la asunción al poder de Evo Morales (enero 2006), en cuya primera gestión presidencial se desarrolló la Asamblea Constituyente.9

La nueva Constitución Política del Estado aprobada mediante referendo popular en enero de 2009, si bien con incoherencias y contradicciones, plasma una visión del Estado y de la sociedad en la que se jerarquiza el interés colectivo, el rol del Estado en la administración de los bienes públicos nacionales, y la construcción de un Estado plurinacional con autonomías políticas10. La nueva Constitución también contempla el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos y garantías constitucionales, entre ellos, todo un capítulo consagrado a los derechos de los pueblos indígenas11. Bolivia transita en la actualidad por el duro y desafiante camino del desarrollo e implementación de los derechos reconocidos por la CPE, camino en el que ya se visibilizan dificultades e incoherencias, y que en este sentido requiere de un gran esfuerzo de los actores sociales, políticos, y económicos del país para garantizar la integridad y respeto del texto constitucional12. Las organizaciones indígenas constatan con demasiada frecuencia que el reconocimiento constitucional de sus derechos es apenas un nuevo punto de partida en los procesos de exigencia e implementación de los mismos.

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A continuación, de modo sintético se describen algunas de las principales características del contexto socio-económico y político del país:

1. Modelo de desarrollo extractivista y primario exportador

La base económica del país mantiene e incrementa su dependencia en la explotación de recursos naturales, centralmente de hidrocarburos y minerales. Más del 75% de las exportaciones bolivianas corresponden a dichos recursos no renovables13. Si bien, con el Referéndum de la Política Energética de 2004 y la Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005 se mejoró notablemente la participación del Estado en la renta de los hidrocarburos14, el gasto de esta renta, en general, no se ha orientado para promover un modelo de desarrollo de base ancha y productivo15, que permita una mejora sostenida en la inclusión social y económica de una mayoría de los/as bolivianos/as. Las políticas de otorgamiento de diferentes tipos de bonos a población carenciada del país, así como, otras políticas sociales, han ayudado a disminuir los niveles de pobreza16; no obstante, Bolivia sigue siendo uno de los países con mayores niveles de inequidad en el mundo17.

2. Histórica bonanza fiscal del Estado boliviano

Los altos precios de las materias primas en el mercado internacional en los últimos años, el incremento en los volúmenes de producción de gas natural, y el aumento significativo del government take en el caso de los hidrocarburos, han multiplicado las rentas estatales por concepto de estas materias primas. Así, en relación a los hidrocarburos, la renta estatal ha subido de 1.009 millones de dólares en 2005 a 2.299 millones de dólares en 200918.

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A contrapelo de esta bonanza fiscal, las instancias estatales en los diferentes niveles de gobierno adolecen de una baja capacidad de gasto y gestión19. De otra parte, este aumento exponencial de la renta...

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