Aporías y falacias del discurso político
| Autor | F. Javier Blázquez-Ruiz |
| Páginas | 75-94 |
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Es difícil llegar a comprender, inicialmente, por qué razón la clase política se ha convertido y consolidado, tal y como comentábamos con anterioridad, en el tercer problema del país, según acreditan diversas encuestas oficiales. Sin embargo, esa situación es más fácil de explicar, lamentablemente, si tenemos en cuenta las actitudes y comportamientos habituales de la denominada clase política.
Parece obvio que en momentos de dificultad y de grave crisis económica como la presente, tanto la división, la discordia o el enfrentamiento contumaz entre los partidos políticos, están fuera de lugar. No sólo sobran por innecesarios e improcedentes sino que además acaban siendo contraproducentes.
Así lo perciben claramente los ciudadanos que no aciertan a en-tender cómo sus representantes, a quienes han elegido para que ejerzan su función con la máxima responsabilidad, rigor y eficacia posibles, se olvidan de su compromiso, ignoran las promesas ofrecidas a sus votantes, y actúan reiteradamente de forma parcial, partidista, a veces con manifiesta beligerancia.
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Tanto unos como otros utilizan el lenguaje, la descalificación y los medios de comunicación como cajas de resonancia, como si fueran altavoces o escaparates para exhibir la bondad de sus proyectos, para justificar sus estrategias y para intentar sumar sin pudor cada vez más adeptos. Parecen estar en posesión de la verdad, como posesos. Y tienden a defender con ardor las palabras del polaco J. Lec cuando afirmaba irónicamente “la razón debe estar siempre de su propia parte”.
Es fácil advertir en ese contexto cómo el discurso político gene-ra, a través del ejercicio dialéctico, una creciente tensión, crispación y enfrentamiento continuo. Pero, paradójicamente, es incapaz de llegar a acordar medidas que sean razonables y viables. Sólo fomentan disenso y polémica innecesaria en lugar del consenso requerido, al menos ante los problemas fundamentales y de mayor trascendencia.
Entre tanto los ciudadanos asisten expectantes, cada vez más escépticos y decepcionados ante la comparecencia de los líderes políticos, con la esperanza de escuchar argumentos veraces y contrastados así como propuestas concretas, fiables y eficaces, que contribuyan a resolver de una vez los problemas que nos acucian tan intensamente.
Sin embargo, se encuentran con frecuencia ante actuaciones y espectáculos inusitados, poco edificantes, nada ejemplares, e impropios del cargo que ostentan. Y es que difícilmente pueden debatirse, aprobarse y llegar a aprobar medidas en escenarios agitados, cuyos protagonistas se descalifican una y otra vez, cuando no se recriminan y abuchean públicamente.
No cabe duda que los ciudadanos demandan y precisan otras actitudes muy distintas, por parte de sus representantes electos. Muy diferentes. Necesitan sin más dilación decisiones y actuaciones que permitan afrontar y resolver los graves problemas económicos del país, del desempleo, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, lograr acuerdos en educación, promover la viabilidad del sistema de sanidad, garantizar la seguridad ciudadana, etc.
Por todo ello, resulta cuando menos paradójico que 30 años después de la transición democrática y tras la experiencia política acumulada, la clase política se haya erigido, desde hace tiempo, en el ter-
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cer problema del país. Con la pérdida de credibilidad subsiguiente. Parecen olvidar que la credibilidad política es como un capital que reciben a través de los votos que les otorgan los ciudadanos. Pero ese valioso capital les ha sido prestado y entregado para que lo administren y gestionen adecuadamente.
No para que sea malversado ni dilapidado. De hecho esa credibilidad necesita ser confirmada y revalidada día a día, a través de una gestión eficiente y honesta. No exenta por otra parte de ejemplaridad. Porque en política la pedagogía adquiere también una gran relevancia.
Y es que no hay mejor forma de enseñar en cualquier ámbito, como indicábamos antes, que practicar con el ejemplo. Que además, en este caso, es también exigible, por tratarse de una actividad pública, libre y sufragada con recursos provenientes del erario común.
Porque de otro modo cabría pensar en múltiples interpretaciones. Entre ellas la que advertía lúcidamente Aristóteles en su célebre obra Política, hace más de dos mil años, cuando afirmaba: quienes muestran vocación política se aferran con frecuencia a los cargos públicos, como si estuvieran afectados por una enfermedad que tan sólo pudiera curarse con su continuidad en el poder18.
Los miembros integrantes de la denominada clase política tienden a manifestar su desagrado cuando los ciudadanos se refieren a ellos en esos términos: clase política. Consideran que no forman parte de una élite o grupo diferenciado, distanciado de la sociedad, y argumentan que son meros representantes elegidos por los propios ciudadanos.
Sin embargo, esa interpretación no es compartida por buena parte de la población que cada día que pasa encuentra más motivos para pensar que en lugar de una democracia, este país se ha convertido desde hace tiempo en una especie de partitocracia. Pues son los propios partidos, sus dirigentes y cargos designados por ellos mis-
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mos, los que con frecuencia ejercen el poder para provecho propio así como para beneficiar a los diversos grupos de interés y de presión económicos que los sustentan.
De hecho, ésa es la percepción de muchos ciudadanos, según la última encuesta realizada por la Organización Trasparencia Inter-nacional en la que comentan que los partidos políticos son la institución más corrompida del país. A este respecto, uno de los directivos de dicha ONG, Garrigues Walker advierte que precisamente “cuanta más transparencia hay, la corrupción es más difícil” y por eso defiende que los partidos políticos tienen que renunciar a la opacidad financiera19.
Y es que a pesar de la crisis tan profunda y prolongada que padecemos, los partidos funcionan en muchos casos como si de meras empresas particulares o privadas se tratasen, que alteran arbitrariamente su contabilidad y ocultan, sin rubor alguno, datos relevantes de tesorería, sin tener en cuenta que el 80% de sus ingresos, oficiales, provienen del erario público.
Lamentablemente, los dirigentes de los partidos no toman iniciativas ni adoptan medidas eficaces para corregir los casos de corrupción y muestran escaso interés en descubrir y castigar a los culpables. De hecho, en lugar de barrer y limpiar la suciedad que a veces encuentran en la gestión económica de su respectiva organización, tienden a taparla continuamente y prefieren que se pudra si es preciso. Todo vale antes de que se conozca y trascienda a la opinión pública. Es decir: transparencia cero.
Entre tanto, prefieren cerrarse herméticamente como ostras, negando las evidencias más incontestables mientras esperan una vez más, pasivamente, que la tormenta escampe, o llegado el caso si hubiera delito, prescriba. Ante lo cual, cabe pensar como diría Victor Hugo, “es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”.
En cierto modo, podría decirse que los partidos políticos padecen de síntomas agudos de autismo. Viven encerrados y ensimisma-
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dos en las espesas y tupidas redes que han tejido para albergar sus propios intereses y como consecuencia se alejan cada vez más de la realidad. Y eso lo explica todo. No es de extrañar que los ciudadanos pierdan progresivamente la escasa confianza que depositaron en ellos y que la distancia existente se haga cada vez mayor. De ahí que el grado de credibilidad de los responsables políticos resulte cada vez más menor.
Realmente si no fuera por los medios de comunicación ¿cómo íbamos a enterarnos de los desmanes y graves anomalías que come-ten y que a su vez protegen empecinadamente los propios dirigentes políticos? ¿Tan difícil es aplicar realmente un código deontológico de buenas prácticas? ¿Por qué razón? ¿No es posible crear tampoco comisiones de seguimiento?
Es obvio que no aspiramos como ciudadanos a rodearnos de excelencia en todos los cargos políticos. No hablamos de utopías. Nos conformaríamos con que la mayor parte contasen con una formación adecuada y contrastada, acreditasen competencia y experiencia profesional previa, y ejercieran en sus decisiones los principios de honestidad y de responsabilidad.
Porque tras las decisiones que tienen que adoptar en el ejercicio de sus funciones, vienen de su mano las respectivas consecuencias que nos afectan a todos y que pueden ser de muy diversa naturaleza. Después, dependiendo de si esas decisiones han sido o no adecuadas, las posibilidades de salir de la crisis pueden alejarse y diluirse en el tiempo. Además, la imagen que se proyecta en el exterior y que perciben los países que podrían aportar inversión extranjera, se deteriora en proporción directa a los escándalos y a la desconfianza generada. Máxime si advierten que se trata de una política permanentemente judicializada.
Para finalizar, con el propósito de intentar recuperar credibilidad y de superar la desafección ciudadana ¿por qué no empiezan los partidos por democratizarse con su propio liderazgo, con el proceso de elaboración de las listas electorales y con la jerarquía de los puestos, haciendo públicos los criterios que aplican y dando transparencia veraz tanto a sus ingresos como a sus gastos?
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De nuevo, el criterio prevalente es claro: no les interesa en modo alguno. Al final frente a cualquier principio ético invocado como sostén de una ideología determinada, ya sea la libertad de conciencia, la igualdad de oportunidades o la...
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