Análisis institucional y económico de la nueva Ley Concursal (I Parte)
Banca de Empresa › Núm. 78, Octubre 2004
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Resumen
En este artículo, Esteban van Hemmen Almazor, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, estudia en el boletín ‘Estabilidad Financiera’ del Banco de España, los principales cambios económicos que introduce la reciente Ley Concursal.
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Extracto
Análisis institucional y económico de la nueva Ley Concursal (I Parte)
El procedimiento provisto por la Ley Concursal (LC) está diseñado para resolver una amplia gama de crisis empresariales, lo que aumentará la relevancia del sistema concursal. Esto hará también más difícil justificar futuras intervenciones del Estado a través de mecanismos «paraconcursales», tan presentes en el pasado. El mayor respeto por la voluntad de los agentes privados puede, sin embargo, verse limitado por la enorme influencia que los agentes del juez, los administradores concursales, tendrán en el proceso. A los costes de agencia provocados por este posible error de diseño organizativo se añadirán los costes administrativos atribuidos al excesivo formalismo que parece caracterizar a la nueva ley. Frente a estos problemas, solo cabe esperar que las instituciones legales y judiciales tengan la suficiente flexibilidad para ir introduciendo cambios según se vayan detectando las posibilidades de mejora, ajustándose a las exigencias planteadas por los usuarios de la LC.
1. INTRODUCCIÓN La legislación concursal es una pieza importante en el sistema económico y financiero de cualquier país. Por una parte, provee un mecanismo ordenado para la toma de decisiones cuando los contratos de financiación no han previsto qué hacer en caso de insolvencia generalizada. Por otra, regula la salida del mercado de aquellas empresas cuyo valor actual de sus recursos es inferior al de liquidación. Asimismo, establece reglas para la distribución de los costes causados por la insolvencia, lo que influye en las decisio...Ver el contenido completo de este documento
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Documentos citados
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Constitución Española de 1978. - Artículo 128
- Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.
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