Acerca de la necesidad de reflexionar sobre la Seguridad y Autoprotección de los Bienes del Patrimonio Histórico Español

AutorNestares Pleguezuelo, P. - Sánchez Ruiz de Valdivia, I. - Nieto Álvarez, R. - Pérez Gómez, R.
Páginas885-934

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1. Planteamiento del problema ¡Más vale prevenir que curar!

«Más vale prevenir que curar, educar que castigar». Un refrán que define a la perfección uno de los ejes sobre los que debe pivotar la prevención de los riesgos y emergencias a que está expuesto el PHE y el establecimiento de acciones de cara a su eficaz protección.

Nos proponemos, pues, trasladar este modo de sentir (prevenir para evitar tener que, posteriormente, curar) a todo el PHE8, tomado en el sentido más amplio del término (inmaterial y material, mueble e inmueble, cultural y natural) tal y como lo ha definido querol FERNÁNDEZ9 para quien: «Se puede entender como Patrimonio Cultural el conjunto de bienes heredados y dignos de protección que, de una forma u otra, ha producido la Humanidad, frente al legado de la Naturaleza al que suele aplicarse la expresión de Patrimonio Natural» -a lo que añade-: «Los bienes que componen el Patrimonio Cultural pueden ser de carácter mueble, inmueble o inmaterial, aunque se trate de tres entidades que van casi siempre unidas».

Este trabajo de investigación pretende, pues, extender por imperativo legal las medidas de autoprotección a todos los Bienes Patrimoniales Españoles de carácter Histórico, Cultural o Natural10, en sentido amplio.

En la actualidad, España, en general, y Andalucía, en particular, cuentan con un rico patrimonio artístico y cultural declarado Patrimonio de la Humanidad

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por la UNESCO11. Ciudades, conjuntos monumentales y edificios singulares hacen de nuestro país uno de los lugares más ricos, patrimonialmente hablando, del mundo12. Resulta lamentable, constatar, sin embargo, que gran parte del invalorable PHE está expuesto a catástrofes naturales, riesgos de incendio, terrorismo, especulación, expolio, vandalismo, etc.

Y es que, con relativa frecuencia, resulta fácilmente observable cómo, por ejemplo, un inmueble declarado BIC se convierte en un vertedero de basuras o que, por el afán de lucro, se producen frecuentes destrozos irreparables en el patrimonio industrial y etnográfico, principalmente, para forzar cambios de uso de estos bienes. Los continuos expolios que se denuncian en yacimientos arqueológicos o en bibliotecas, por ejemplo, aumentan los fondos de ricas colecciones privadas o de unos desaprensivos que no dudan en lucrarse con la venta de dichos bienes13. Esto sucede así, a pesar de las previsiones legales de carácter estatal (contenidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en el reglamento que la desarrolla, Real Decreto 111/1986, que regula, con precisión, la respuesta frente a los actos vandálicos cometidos contra el PHE)14. A la vista de los hechos a los que pronto prestaremos atención, cabe preguntarse si es adecuada y suficiente la normativa reguladora del PHE en cuanto a prevención de riesgos, en general, y autoprotección de bienes, en particular, se refiere.

Comprobémoslo haciendo un rápido recorrido cronológico por las noticias que han aparecido en diversos medios de comunicación:

  1. El 7 de febrero de 2013, aparecía en el periódico ABC, una noticia en la que se hacía, literalmente, una llamada de socorro (SOS) para evitar que nuestro Patrimonio Inmueble siga deteriorándose por el abandono, las diferencias sobre su restauración, la falta de presupuesto y el paso del tiempo. Concretamente, denuncia el lamentable estado en el que se encuentran diez inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural que deberían tener garantizada su protección. Son los siguientes:

    1. La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, o de los Monegros en Sariñena (Aragón).

    2. El Palacio de la torre de Celles en Lavandero (Asturias).

    3. El Convento de Santa María de Jesús, Las Gordilla, en Ávila (CASTILLALEÓN).

    4. El Castillo de Fernán González en Sepúlveda (Segovia).

    5. El Frontón Beti Jai en Madrid.

    6. El Monasterio de Santa María de Rioseco en el valle de Manzanedo (Burgos).

    7. El Palacio de los Gosálvez en Casas de Benítez (Cuenca).

    8. La Iglesia de Marialba (León).

    9. El monasterio de Santa María de Bonaval en Retiendas (Guadalajara).

    10. El castillo de Monreal de Ariza (Aragón).

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    Y es que, «La lista Roja "ha aumentado en los últimos años", según explica Morenés, que vaticina un negro futuro tras estos años de crisis económica. "El fuerte descenso de las partidas para patrimonio, la desaparición de las subvenciones y la retirada de patrocinadores que se está produciendo se van a notar de aquí a diez años. El patrimonio va a sufrir una barbaridad", considera»15.

    Lo que significa que, a pesar de que abadías, monasterios y conventos y, según la revisión realizada en 2011 del Plan Nacional, más de 550 edificios o restos de monasterios medievales de entre los siglos x al XV, están declarados Bien de Interés Cultural, uno de los más altos grados de protección que otorga la legislación española al Patrimonio Histórico-Artístico Español, no se libran del abandono. En este sentido, «El historiador del arte de la Fundación de Santa María la Real, Artemio Martínez Tejera, reseña más de veinte espacios monásticos que reclaman una actuación urgente».

  2. El martes, 6 de septiembre de 2011, Ecologistas en Acción denunciaron al Ayuntamiento de Granada el lamentable estado en que se encuentra la Casa o Palacio de los Vargas, antes de los Salazar16. Sus alrededores se utilizan como vertederos de todo tipo de basuras, especialmente escombros de obras que se llevan a cabo en la zona. Además, denuncian la suciedad y degradación de la fachada de la Casa de los Vargas17que se ve afectada por el aparcamiento de automóviles, usada como punto de recogida de basura y, en especial, los grafitis que afectan a paredes, portada y puerta; también denuncian la situación preocupante de los edificios nobiliarios adyacentes.

  3. El domingo, 11 de julio de 2011, en el diario local granadino IDEAL18, se hace público un nuevo acto de vandalismo acaecido en la Puerta Monaita, inscrita como BIC desde el 25 de junio de 198519.

  4. En Cartagena, el viernes 11 de marzo de 2011, a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación Campus Universidad Cartagena, la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma ordenó el pasado julio al Ayuntamiento que llevase a cabo la limpieza y saneado urgente del inmueble conocido en Cartagena como Cine Central, así como que retirase las butacas del interior. El Cine Central de Cartagena está situado en un edificio que fue construido por el arquitecto Carlos Mancha en 1880, aunque no tuvo uso como cine hasta 1925, cuando se transformó en Cinematógrafo Sport. En aquel momento, el arquitecto Lorenzo Ros reformó su interior decorándolo con un claro estilo neobarroco. Tras la Guerra Civil recibió el nombre de Cine Central y fue durante muchos años uno de los más innovadores de la ciudad. En los últimos años, los vecinos y varios miembros de la citada asociación han denunciado diferentes conatos de incendios registrados en el Cine Central, edificio catalogado BIC de grado 220, que se incluye dentro del catálogo de inmuebles protegidos de la Comunidad Autónoma. Sigue siendo el patito feo del casco antiguo21. El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente desde el pasado verano a que un juez le autorice para entrar a limpiar el inmueble. En

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    los últimos años se han presentado varios proyectos para este inmueble, como convertirlo en un teatro o en un gran centro deportivo y social, sin que ninguna de estas propuestas haya prosperado hasta el momento.

  5. En Santa Cruz de la Palma, el viernes, día 29 de abril de 2011, el patrimonio histórico de dicha ciudad sufrió actos de vandalismo22, ya que varios edificios históricos de la ciudad y algunas esculturas como la del Padre Díaz, situada en la emblemática plaza de España, amanecieron llenas de pintadas en rojo pidiendo, en algunos de ellos, la libertad de los presos políticos chilenos.

  6. El Procurador del Común de Castilla y León elaboró en 2006 un informe23en cuyo preámbulo queda clara la intención de proteger a los Bienes Culturales de intervenciones urbanísticas que alteren el paisaje urbano o rural, de la realización de obras inadecuadas que incidan negativamente en ellos, de actos antisociales, etc.

    En el informe figura la descripción de diferentes actuaciones llevadas a cabo en ciudades como Salamanca o Valladolid24para atajar el deterioro de su patrimonio histórico. En dicho informe se dice:

    Esta concienciación ciudadana sobre la necesaria protección de nuestro patrimonio cultural, como medio fundamental para su difusión y acrecentamiento, se ha materializado, de forma especial, mediante la reclamación de un activismo protector hacia aquellos bienes cuya integridad, conservación o contemplación se encuentra en peligro de deterioro, alteración o destrucción. De forma que, incluso, el desempeño de la misión tuteladora de la integridad del patrimonio histórico, ha llegado a convertirse en la demanda habitual de las quejas presentadas en esta materia. Con ello, la intervención administrativa instada en el presente ejercicio para la conservación del patrimonio cultural de esta Comunidad, se ha centrado en la protección...

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