La tergiversación del abolicionismo: de movimiento de mujeres liberador a defensor de un paternalismo victimizador de las trabajadoras sexuales
| Autor | Nicolás Lazo, Gemma |
| Cargo del Autor | Investigadora del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) |
| Páginas | 365-384 |
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El Estado español se adscribe formalmente al sistema abolicionista de la prostitución desde 1956, mientras que el abolicionismo continúa siendo muy poderoso en los feminismos y en las fuerzas políticas de occidente. Sin embargo, y pese a que se reivindican con orgullo sus orígenes decimonónicos, este abolicionismo contemporáneo poco tiene ver con el feminismo abolicionista de Josephine Butler (1871 a, 1871 b, 1883-1884, 1885-1886) y del resto de militantes. Si el abolicionismo surgió como una reacción contra la intromisión estatal en los cuerpos de las mujeres que suponía el reglamentarismo y como una crítica al modelo de sexualidad vigente, reivindicando mayor libertad para las mujeres, en la actualidad, el abolicionismo pretende la intervención creciente del Estado en las vidas y cuerpos de las mujeres, infantilizándolas, impidiéndolas decidir y, además, vulnerándoles numerosos derechos.
Esta comunicación repasa el sistema reglamentarista del Estado español y los siguientes modelos de regulación de la prostitución, para ubicar el abolicionismo como un mecanismo de reacción de las mujeres contra los mismos, en la lucha por aumentar sus cuotas de libertad. Posteriormente, se pretende justificar la tesis principal de este artículo, el que el abolicionismo, una vez institucionalizado, perjudicó a las mujeres aumentando el control sobre ellas y frenando su proceso emancipatorio. Finalmente, se presenta una relación de los derechos que las mujeres trabajadoras sexuales ven vulnerados como consecuencia, en su mayoría, del sistema abolicionista.
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En el siglo XIX la prostitución estaba reglamentada según las concepciones del Higienismo2en boga en la época. Para esta corriente de pensamiento, la prostitución era una enfermedad social, crónica e incurable, que era capaz de devorar todo el cuerpo de la sociedad. Dentro de esta lógica, el Estado liberal del diecinueve se creyó en la obligación higiénica y moral de definir y controlar los límites de lo que se consideraba una lacra social. Lo hizo siguiendo la doctrina del mal menor, es decir, entendiendo que la reglamentación de la prostitución era algo que, pese a no ser deseado, evitaba males mayores que se consideraban mucho más graves. Paradójicamente, la reglamentación tan solo fue dirigida a las mujeres prostitutas, consideradas vectores de transmisión de las enfermedades venéreas, como si realizaran su trabajo en soledad (Carboneres, 1876; Sereñana, 2000).
El Estado español copió el sistema reglamentarista del francés. Mediante reglamentos de origen provincial o local se reguló la prostitución durante la segunda mitad del siglo XIX español, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente en los municipios portuarios, como Barcelona. La máxima del sistema reglamentarista decimonónico era la invisibilidad tanto de los locales como de las mujeres en pro de la moral. El sistema establecía un triple control: administrativo, médico y policial. El control administrativo obligaba al registro de las mujeres y a la expedición de cartillas con sus datos, así como al pago de impuestos. El control médico imponía a las mujeres la inspección ginecológica a cargo del cuerpo de médicos higienistas. Los exámenes se iniciaban en el momento de la inscripción en el registro y continuaban después periódicamente. El control policial vigilaba y reprimía la prostitución en beneficio de la moral, la seguridad y la salud pública. Perseguía la prostitución clandestina, evitaba que las mujeres enfermas o menores trabajasen y contenía cualquier acto contra la honestidad, las buenas costumbres y la religión. El sistema siempre estuvo caracterizado por la corrupción (Carboneres, 1876; Sereñana, 2000).
Como podemos imaginarnos, ser considerada una prostituta "tolerada" no significaba ser una mujer "libre", sino todo lo contrario. Los reglamentos les imponían muchas restricciones y penalidades por su condición. La sociedad se encargaba de añadir a ello numerosas injusticias y estigmas. Así pues, el sistema era absolutamente represivo. Las condiciones de vida a las que eran sometidas las prostitutas registradas, generalmente muy pobres, eran
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muy opresivas. En las casas de prostitución, las condiciones laborales eran totalmente draconianas, siendo muy común cualquier tipo de violencia. Las mujeres padecían muchas enfermedades y se daba entre ellas una muy alta mortandad.
Después de una época de esplendor del reglamentarismo, hacia el siglo XX le crecieron los enemigos a la reglamentación de la prostitución. Su principal ataque le provino del abolicionismo, defendido por el movimiento feminista, finalmente muy poderoso en Inglaterra y a nivel internacional. La abolición de la reglamentación fue también defendida por reformadores sociales, algunos progresistas y otros conservadores, que en algunos casos se apartaron de las reivindicaciones feministas y abogaron por medidas represivas. En la corriente conservadora que reclamaba la derogación de los reglamentos de prostitución fue muy influyente la antropología criminal italiana y el movimiento eugenésico.
El abolicionismo no fue un verdadero movimiento en España, sino que fue un pensamiento importado que tardó en cuajar. Hemos de aproximarnos a los años veinte y treinta del siglo XX para asistir a la eclosión del abolicionismo en la opinión pública española de la mano de intelectuales regeneracionistas, sindicatos, partidos de izquierdas y feministas. Además, el abolicionismo que llegó al país y arraigó institucionalmente lo hizo a través de los congresos internacionales y de los convenios contra la trata de blancas, no mediante un movimiento de mujeres con un ideario liberador. El discurso ya venía desposeído de las ideas emancipadoras que habían tenido las feministas abolicionistas. Lo que se introdujo en España fue el discurso conservador de la trata de blancas y su verdadera obsesión por el fenómeno, calificado como "cáncer de la civilización" (Gureña, 2003).
Como resultado de este interés forzado internacionalmente, España creó el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas en 1902 y se tipificaron los delitos de trata y de proxenetismo en 1904. Con esta reforma se puso de manifiesto una flagrante incompatibilidad de fuentes en el ordenamiento jurídico español, porque no olvidemos que la reglamentación de la prostitución continuaba en vigor. El Código penal tipificaba como delito el lucro económico de la prostitución, mientras que el Estado regulaba administrativamente los requisitos para su ejercicio y organizaba los servicios sanitarios (Vázquez y Moreno, 1996).
La Segunda República trajo en cartera numerosas reformas que fueron llevadas a cabo a través de su ideario progresista. Uno de los temas de la agenda republicana fue la cuestión de la sexualidad y pensadores reformistas, aglutinados en lo que se llamó la "reforma sexual", dirigieron los discursos e inspiraron las reformas legislativas sobre el tema. El abolicionismo de la reglamentación de la prostitución fue uno de los puntos de ese programa de innovación, ya que era una gran preocupación de los eugenistas republicanos.
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El nuevo régimen desmanteló instituciones anacrónicas que respondían a ideologías más conservadoras y tradicionales, y se hizo una apuesta clara por la abolición de la prostitución desde los primeros meses de gobierno republicano, al mismo tiempo que se me mejoraron y sistematizaron los servicios sanitarios de enfermedades venéreas. Durante estos primeros años, el sistema reglamentarista se aplicó de manera laxa en un ambiente cada vez más proclive al abolicionismo.
Con un Decreto del verano de 1935, el gobierno republicano acordó, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, la derogación de las normativas reglamentaristas sobre prostitución, con la voluntad expresa de incorporarse al movimiento abolicionista. Con este Decreto, la República eliminó la regulación de las casas de prostitución, pero no aportó demasiadas diferencias a la vertiente sanitaria del neo-reglamentarismo. Se continuó con el control sanitario de las mujeres prostitutas, consideradas todavía vector de transmisión de enfermedades venéreas, pudiendo ser obligadas a tratarse, a controlarse periódicamente y a hospitalizarse contra su voluntad en caso de enfermedad grave, peligro social o negligencia en el seguimiento voluntario del tratamiento. En los ministerios anarquistas, ya en la Guerra Civil, y en las zonas de su influencia, surgió con fuerza un abolicionismo de izquierdas que pretendió ir más allá y acabar con la prostitución mediante la difusión de una revolucionaria moral sexual y a través de la capacitación de las prostitutas con los llamados "liberatorios de la prostitución" (Nash, 1995).
Tras la derrota de la República al finalizar la Guerra Civil, la prostitución volvió a estar reglamentada entre 1941 y 1956, en un contexto de notable crecimiento del fenómeno por la miseria y la necesidad que asolaba España y, en concreto, a los vencidos. Un Decreto de la dictadura franquista de 1941 derogó la norma abolicionista republicana y restableció la reglamentación, recuperando la doctrina del mal menor. Con ello, se pretendía absolver de pecado mortal a la autoridad que permitía la lujuria y el comercio público del cuerpo. Con el dictador Franco se volvió a un sistema si cabe peor que el del siglo XIX y las prostitutas...
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