Artículo 19: Libertad de circulación y residencia

Resumen

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I. Introducción. II. Aspectos históricos y doctrinales. III. El sujeto de los derechos contenidos en el artículo 19 de la constitución. IV. Consideraciones en torno a la situación jurídica del extranjero. La ciudadanía europea. V. El objeto de las libertades de circulación y residencia. VI. Contenido de estos derechos. VII. Limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades recogidos en el artículo 19 de la constitución. 1. Cuestiones previas. 2. Limitaciones derivadas del propio texto constitucional. 3. Limitaciones derivadas de la legislación ordinaria. VIII. Garantías. Bibliografía.

Original

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ARTICULO 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libr...

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Extracto

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Artículo 19: Libertad de circulación y residencia

I. Introducción.

En el momento en que fue aprobada la Constitución el presente precepto obedecía, dentro de la tradición del Estado democrático liberal, a las preocupaciones de la época. Cuando se hizo el comentario del mismo se iniciaba el proceso legislativo de desarrollo, frente a una legislación basada en otros valores y principios jurídicos; por tanto, la primera edición de este estudio se apoyaba en los instrumentos disponibles de carácter legislativo y doctrinal del momento. El transcurso del tiempo ha clarificado múltiples aspectos en los campos antes señalados. Respecto al desarrollo normativo del precepto son de destacar la Ley 5/1984, de 26 de marzo, sobre el derecho de asilo y la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo; la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, desarrollada por el Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, y las matizaciones introducidas por el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero; así como el vigente Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. A este desarrollo no han sido ajenas las aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia, tanto de los Tribunales Ordinarios como del Tribunal Constitucional, que establecen los criterios interpretativos al uso 1.

Pero de modo patente, el dato más significativo a tener en cuenta es la aprobación del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, ratificado por España por Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre, en el que se crea la ciudadanía europea.

Si bien del tenor literal del artículo 19 de la C.E. se deriva que los derechos que reconoce corresponden a los españoles, en una interpretación sistemática del citado precepto, en conexión con los artículos 10.2 y 13.1 de la C.E., se deduce que los poderes públicos se encuentran obligados a extender a los extranjeros el disfrute de aquellos derechos, según lo que establezcan los tratados internacionales y la legislación; es decir, el concepto de extranjero y su situación jurídica varía en función de los tratados vigentes, con las limitaciones que de los mismos deriven en lo que respecta a los derechos estudiados. Pero la novedad más importante es la disolución de la dicotomía nacional-extranjero al crearse la ciudadanía europea en el Tratado de la Unión; por tanto, a partir de la ratificación de éste es necesario distinguir entre nacionales españoles, ciudadanos comunitarios y extranjeros en general, con las salvedades aludidas anteriormente.

Por si lo dicho no fuera suficiente, nuevas circunstancias, sobre todo de índole socio-económica -el fenómeno inmigratorio-, y nuevas realidades políticas internacionales -la desaparición de bloques-, unido a la debilidad de la política de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad, plantean una incógnita que sólo la capacidad del legislador ordinario, de los titulares del poder reglamentario y de la interpretación última que de la Norma Suprema hace el Tribunal Constitucional podrá afrontar estos retos, en consonancia con los órganos competentes de la U.E. y con las inst...

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